201704.19
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LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD EMPIEZA A ANDAR POR SÍ SOLA

     El pasado 28 de febrero se cumplieron dos años de la publicación del Real Decreto-Ley 1/2015 que regula el mecanismo de segunda oportunidad. Poco a poco, nuestro país se va posicionando a la misma altura de los países avanzados en los que el mecanismo de “discharge” o “fresh start” lleva años funcionando.

Fue así como nació un sistema por el cual las personas físicas ( ya sean autónomos o no) puedan liberarse de todas sus deudas y volver a empezar de cero.

A pesar de las críticas y de las reticencias de las entidades bancarias, la Ley de la Segunda Oportunidad empieza a andar por sí sola, aunque somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer, aún así sabemos que se avecinan cambios.

El 22 de noviembre pasado, La Comisión Europea publicaba el Proyecto de Directiva sobre reestructuración y segunda oportunidad en cuyo Título III se regula lo relativo a la segunda oportunidad para personas físicas empresarios. A pesar de que el texto aún se está negociando ( con permiso del Brexit), éste culminará en una Directiva, es decir, un texto vinculante para los Estados miembros, que debería implementarse en el plazo correspondiente.

La Propuesta Directiva no genera obligaciones para los Estados Miembros en materia regulatoria de insolvencias de los consumidores. No obstante, sí que establece que los Estados Miembros puedan aplicar las previsiones sobre remisión de deudas definidas para empresarios a los consumidores particulares.

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Durante estos dos años de aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, podemos decir que uno de los temas que han generado polémica han sido los créditos públicos, las deudas existentes con Hacienda o la Seguridad Social, ya que han estado en el punto de mira desde la promulgación de dicha ley y han dado paso a un amplio debate sobre la posibilidad de su exoneración o no.

Paulatinamente, vamos encontrando resoluciones judiciales a favor de la exoneración de las deudas, no obstante, tendremos que ser pacientes y ver cómo se redacta el texto legislativo una vez aprobada la Directiva, ya que la Propuesta parece aceptar exclusiones de exoneración para algunas deudas específicas como pueden ser; deudas garantizadas o deudas derivadas de sanciones penales o de responsabilidad por algunos delitos, siempre y cuando queden determinadas, de manera clara, en la ley.

Por otro lado, en cuanto al plazo de exoneración se refiere, otra novedad importante es que la Propuesta quiere un plazo corto por el que los empresarios que afronten un procedimiento de insolvencia puedan tener acceso a la remisión automática de sus deudas, esto requiere un período máximo de 3 años, cuando en nuestra norma actual de plan de pagos, se establece un período máximo de 5 años. Y una vez más vemos reflejada la necesidad de reformas.

Por consiguiente, la nueva Directiva obligará a profundizar en las reformas normativas a efectos de adaptar las condiciones y los plazos de perdón de deudas para empresarios, proporcionando así, reglas más claras y de mayor seguridad jurídica para el mecanismo del que ya disponemos sobre la exoneración de las deudas.

Desde nuestro despacho, aconsejamos aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la normativa actual sin esperar los anunciados cambios, no vaya a ser que, finalmente, se decanten a favor de la Hacienda Pública impidiendo a los jueces que se pronuncien a favor de la exoneración del crédito público.