202010.05
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Segons el Magistrat del Tribunal Suprem, el Sr. IGNACIO SANCHO GALLEGO, el crèdit públic es pot exonerar, també amb el nou Text Refós de la Llei Concursal (TRLC)

A continuació adjuntem “Consideraciones sobre la refundición de la Legislación Concursal y su adecuación a la jurisprudencia”.

IGNACIO SANCHO

Magistrado del Tribunal Supremo

Anuario de Derecho Concursal número 51, septiembre – diciembre 2020

En el desarrollo de esta labor integradora, el Gobierno debe andar con cuidado, pues fácilmente puede traspasar la frontera de la habilitación e incurrir, según la doctrina del Tribunal Constitucional, en una extralimitación de la delegación, con el consiguiente efecto.

Entiendo que esto es lo que ha ocurrido con el artículo 491.1 del texto refundido de la Ley Concursal. Este precepto, al regular la extensión de la exoneración en el caso en que se opte por la vía de la exoneración inmediata (la del ordinal 4.º del art. 178 bis.3 LC) y se cumpla el requisito previo de haberse satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y concursales privilegiados, así como, para el caso en que no se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el veinticinco por ciento del importe de los créditos ordinarios (art. 488 TRLC), ha introducido unas excepciones que no se contenían en el ordinal 4.º del artículo 178 bis.3 de la Ley Concursal. El artículo 491.1 del texto refundido prescribe que en esos casos «el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos».

No cabe entender, como sí hace el dictamen del Consejo de Estado, que la inclusión de estas excepciones constituya «una adecuada armonización, en la medida en que tal acotación se hace en el artículo 178 bis.5-1.º de la Ley Concursal (art. 497.1-1.º TR) en los casos de exoneración por la aprobación de un plan de pagos». Dejando al margen la interpretación que del artículo 178.bis.5-1.º de la Ley Concursal hace la jurisprudencia (sentencia del pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo 381/2019, de 2 de julio (RJ 2019, 2769)), lo que estaba claro es que bajo la regulación de la Ley Concursal la opción por la exoneración inmediata del ordinal 4.º del artículo 178 bis.3, cumplidos los requisitos mencionados, daba lugar a la exoneración de todos los restantes créditos ordinarios y subordinados, incluidos los créditos de derecho público y por alimentos.

La introducción de estas excepciones donde no existían, no colma una laguna, ni aclara o precisa el sentido de la norma legal refundida, sino que altera gravemente el equilibrio de intereses ponderados en la ley para la concesión de este beneficio, mediante el reconocimiento de un privilegio a unos acreedores del que no gozaban antes, con la consiguiente discriminación para los restantes acreedores y el agravamiento de las condiciones para lograr la exoneración total del pasivo del deudor concursado. No cabe invocar una armonización de normas cuando se altera gravemente el equilibrio de intereses y derechos, esto es, cuando se alteran respecto de la situación anterior las reglas que configuraban la par condicio creditorum al acudir a la exoneración inmediata.

El riesgo al que se expone este precepto del texto refundido es que cualquier tribunal mercantil, sin necesidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, aprecie la extralimitación de la habilitación legal y deje de aplicarlo, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, ya desde el Auto 69/1983, de 17 de febrero (RTC 1983, 69), ha entendido que «pertenecen al ámbito normal de poderes del Juez (…) el inaplicar los Decretos legislativos en lo que exceden de la delegación o más propiamente el no conferir al exceso el valor de Ley». Como declara en la Sentencia del Tribunal Constitucional 47/1984, de 4 de abril (RTC 1984, 47) (y en términos parecidos en las SSTC 61/1997, de 20 de marzo (RTC 1997, 61); 159/2001, de 5 de julio (RTC 2001, 159); 205/1993, de 17 de junio (RTC 1993, 205); 51/2004, de 5 de julio (RTC 2004, 51); 166/2007, de 4 de julio (RTC 2007, 166)), «el control de los excesos de delegación corresponde no solo al Tribunal Constitucional, sino también a la jurisdicción ordinaria. La competencia de los Tribunales ordinarios para enjuiciar la adecuación de los decretos legislativos a las leyes de delegación se deduce del artículo 82.6 de la Constitución».

Es una pena que un trabajo de refundición tan excelente y loable como el que emanó de la sección especial de la Comisión General de Codificación pueda quedar empañado por un desliz –o imposición– como este, que puede provocar la peor descalificación judicial, su inaplicación.

  1. Lo anterior me lleva a otras consideraciones que guardan relación con el alcance de la refundición respecto de la jurisprudencia vigente de la legislación objeto de refundición.

La jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico, en este caso concursal, con la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley (art. 1.6 CC). En la actualidad, las sentencias del pleno de la sala primera del Tribunal Supremo cumplen el requisito de la reiteración para considerar que existe jurisprudencia.

En principio, el texto refundido, en cuanto que «no puede incluir modificaciones de fondo del marco legal refundido, así como tampoco introducir nuevos mandatos jurídicos inexistentes con anterioridad o excluir mandatos jurídicos vigentes», según refiere el preámbulo, debería ser compatible con la jurisprudencia vigente al momento de la refundición. Si no fuera así, es que el texto refundido habría introducido normas jurídicas contradictorias, que de alguna forma alterarían el sentido de las normas legales anteriores objeto de interpretación jurisprudencial. Es lógico por ello que la refundición, como se aprecia en los ejemplos expuestos en el apartado 5 de este artículo, haya incorporado en la formulación de algunos de los nuevos preceptos legales la jurisprudencia. No es imprescindible. Puede hacerse cuando se aprecia conveniente y con la formulación procedente. Pero si no se incorpora al texto legal, no por ello deja de operar y cumplir su función. Es el caso de la jurisprudencia sobre la rescisión concursal (concepto de perjuicio, interpretación del alcance de cada una de las presunciones de prejuicio, régimen de los pagos realizados antes del concurso, qué se entiende por actos ordinarios realizados en condiciones normales…).

La jurisprudencia surgida de la interpretación de una norma legal deja de tener vigencia cuando cambia sustancialmente esa norma. Eso ocurre con una reforma legal, pues forma parte de la discrecionalidad del legislador. Lo que no está tan claro es que el Gobierno, dentro de la habilitación legal para refundir una legislación, pueda modificar de tal forma las normas legales preexistentes que prive de vigencia a la jurisprudencia que las interpretaba. Hacerlo así, entiendo que excedería de una armonización y constituiría una modificación de fondo del marco legal refundido.

Por esta razón, la refundición del régimen legal de la segunda oportunidad, que hasta ahora se regulaba en el artículo 178 bis de la Ley Concursal, no puede dejar sin efecto la interpretación jurisprudencial de este precepto contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo 150/2019, de 13 de marzo (RJ 2019, 1137), y 381/2019, de 2 de julio (RJ 2019, 2769), que sigue vigente. Dicho de otro modo, la refundición no puede obviar el sentido dado por la jurisprudencia a la norma legal objeto de refundición, por lo que el texto refundido debe ser interpretado de conformidad con esa jurisprudencia.